MADRID / OURENSE, 18 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia y ha autorizado una inversión de 1,5 millones de euros para restaurar zonas afectadas por los incendios forestales en la Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias y proteger los suelos desprotegidos.
Las actuaciones, que se acometerán en un plazo máximo de seis meses son necesarias dado que no ha transcurrido el tiempo suficiente entre el siniestro y la temporada otoñal como para que la vegetación haya podido recuperarse por sí misma, por lo que pueden verse acelerados los procesos erosivos de torrenteras, generando el arrastre de cenizas y sólidos e incluso movimientos en masa si ocurrieran fuertes lluvias en los próximos meses.
En concreto, se acometerán en los términos municipales de Vall d’Ebo y Bejís (Comunidad Valenciana), Vilariño de Conso y Carballeda de Valdeorras (Galicia) y Los Realejos (Canarias).
El Gobierno valora que los incendios afectan a los balances hidrológicos, no solo por la desaparición de la cubierta vegetal que reduce el impacto de las lluvias y la captación de las precipitaciones, sino también por la reducción de la infiltración y aumento de las escorrentías superficiales.
Así, añade que la situación es especialmente grave ante el riesgo de precipitaciones en forma de tormenta que desencadenen los mencionados procesos erosivos.
En concreto, las intervenciones inmediatas incluyen acciones como el triturado in situ del arbolado quemado, la incorporación de acolchado de astilla al suelo, la construcción de diques o la creación de charcas para fauna que sirvan a su vez como punto de carga contra incendios. Las actuaciones se limitan a las estrictamente urgentes, es decir, aquellas en las que técnicamente no es posible aplazar su inicio a meses posteriores porque perderían su eficacia e, incluso, gran parte de su necesidad para prevenir o remediar daños.
En total, los incendios ocurridos este verano en los municipios de Bejís, en Castellón, y Vall d’Ebó, en Alicante, calcinaron 31.473 hectáreas y causaron cuantiosos daños, tanto personales como materiales.
El dominio público hidráulico también sufrió las consecuencias del fuego, ya que se vio afectado por problemas de obstrucciones en los cauces debido a la presencia de restos de árboles y vegetación quemados, así como un riesgo de erosión y futuras obstrucciones, dada la desprotección de los cauces al haber desaparecido la capa vegetal y a la precariedad de los árboles quemados en pie.
Así, se han aprobado actuaciones de emergencia por un importe máximo de 599.0748 euros en Bejís y 298.766 euros en Vall d’Ebó, que incluye trabajos para retirar todo el material vegetal quemado, así como la reparación de las erosiones y daños ocasionados en los mismos.
En Galicia, las actuaciones de emergencia para afianzar los suelosafectados por los fuegos de Vilariño de Conso y Carballeda de Valdeorras, ambos en la provincia de Orense, cuentan con un presupuesto máximo de 399.244,49 euros. Mientras, las intervenciones en los terrenos calcinados en Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife) tienen consignado un importe máximo de 250.000 euros.
El 24 de agosto, el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales, contexto en el que se encuentran incluidos también estos acuerdos.
El plazo de ejecución es de 6 meses, mínimo imprescindible para llevarlas a cabo, teniendo en cuenta la estacionalidad de los trabajos de campo y la necesidad de concurrencia de las condiciones climatológicas necesarias para su normal desarrollo.
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