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Fiscalía investiga el papel de la Xunta en la ola de incendios del pasado verano en Ourense

El Gobierno gallego apunta que colaborará de forma “estrecha”, aunque con “el convencimiento” de que se actuó de forma adecuada

OURENSE, 13 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía provincial de Ourense ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia presentada por la plataforma ‘Por un Monte Galego con Futuro’, en la que se acusa a la Xunta de ser “responsable por inacción del alcance del desastre ambiental causado por la ola de incendios” de este verano en la provincia.

Según ha confirmado la Fiscalía Superior de Galicia, la investigación iniciada por la Fiscalía delegada de Medio Ambiente en esta provincia se abre por los fuegos ocurridos entre los meses de julio y agosto en Ourense.

La fiscal delegada ha solicitado ya a la Xunta de Galicia, a través de un oficio, que informe acerca de “los medios de extinción” que intervinieron en estos fuegos, “cuantos operativos” se desarrollaron y los “medios materiales y humanos” que tomaron parte en la extinción de estos incendios. La Fiscalía está “pendiente de la respuesta”.

En su denuncia, la plataforma, en la que figuran colectivos agrarios, del monte y ecologistas como Adega, la Organización Galega de Comunidades de Montes, Fruga o el Sindicato Labrego, atribuyó lo ocurrido al “descuido de la Xunta ante la oleada de incendios que en los meses de julio y agosto produjeron graves efectos en los montes y ecosistemas de más valor de Galicia”.

Así, ‘Por un monte galego con futuro’ señala a Medio Rural por “su inacción ante unos fuegos que arrasaron” espacios como el Parque Natural do Invernadoiro o la comarca de Valdeorras y apunta que el daño producido por estos incendios “se agravó debido a que la mayoría de los trabajos de prevención previstos para el año 2022 están sin hacer a día de hoy”.

La plataforma cree que el alcance y repercusión de estos fuegos “habría sido mucho menor” si se hubiese activado todo el operativo de ‘Temporada de Máximo Riesgo de Incendios’, tal y como establecía el Pladiga, así como “las medidas complementarias establecidas en los protocolos de Protección Civil”.

Los denunciantes, en su escrito a la Fiscalía, apuntaban que los indicadores diarios “permitían vaticinar que, en el caso de los focos iniciales, podían convertirse con facilidad en grandes incendios forestales”, como “lamentablemente pasó a partir del 14 de julio”. “Producidos los primeros focos iniciales, no se actuó en tiempo y forma con los medios suficientes con el objetivo de intentar controlar su expansión y minimizar los efectos de los fuegos tanto en los ecosistemas como los daños económicos y sociales”, recogen.

‘Por un Monte Galego con Futuro’ ha llamado la atención también sobre la “dramática situación” vivida en aldeas y poblaciones, con varias casas quemadas, y sobre la “falta de medios” para la extinción, especialmente entre el 14 y el 27 de julio. “El operativo para extinguir los fuegos estuvo desbordado desde el principio por falta de medios técnicos, materiales y humanos”, resume la plataforma.

LA XUNTA “COLABORARÁ DE FORMA ESTRECHA”

Tras conocerse esta investigación, el vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, ha garantizado que el Gobierno gallego “colaborará” y trasladará “toda la información” que le solicite la Fiscalía en relación a su papel en los incendios del pasado verano, aunque lo hará –ha recalcado– desde “el convencimiento” de que el Ejecutivo gallego dio la “respuesta” adecuada.

“La Consellería de Medio Rural colaborará de forma estrecha con toda la información que se le solicite”, ha proclamado Conde, quien ha ofrecido la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta en sustitución del titular del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, de viaje oficial en Argentina y Uruguay.

A preguntas de los medios, Conde ha recalcado que, como en “cualquier tipo de investigación”, se cooperará, pero ha puntualizado que la Xunta lo hará “con el convencimiento” de que “en todo momento” dio una “respuesta” adecuada para “atender las necesidades de la población” como “primer elemento a proteger” y también “buscando el menor impacto posible sobre el territorio”.

Según ha subrayado, tanto los medios autonómicos como el resto de efectivos implicados (de la unidad militar de emergencias –UME–, por ejemplo) han hecho posible que se pudiera “afrontar” la situación, así como proteger a la ciudadanía y velar porque el impacto medioambiental fuese “el menor posible”.


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