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El alcalde de Ourense ha comunicado la remoción de la tesorera municipal, quien pasará a desempeñar el puesto de viceinterventora en el Ayuntamiento

Jácome la había calificado de “demasiado tiquismiquis” y materializó en enero de este año su cese, que se abordará este viernes en el pleno

OURENSE, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decretó el pasado mes de enero el cese de la tesorera municipal del Ayuntamiento, que llevaba en el cargo desde el año 2018, cuando el regidor era el ‘popular’ Jesús Vázquez.

Así figura en la orden del pleno ordinario que se celebrará este viernes, 1 de marzo, y en el que se da conocimiento de dos decretos: uno, del 12 de enero, que confirma el cese de la funcionaria y otro, del 19 de febrero, por el que la nombra viceinterventora general del Ayuntamiento.

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La decisión de cesar a la funcionaria la había anunciado Jácome ya en septiembre de 2023, después de que en un pleno en el que se habían debatido varias modificaciones presupuestarias se refiriese a la tesorera como “demasiado tiquismiquis”.

“Ralentiza todo, es muy tiquismiquis, demasiado, más que un notario”, apuntó entonces el alcalde, antes de añadir: “No la podemos despedir porque sí y se tiene que quedar con un puesto similar”. De tal modo, pasará a ser viceinterventora.

DENUNCIA DEL INTERVENTOR

Esta decisión sobre la tesorera llegará al pleno municipal días después de que el interventor presentase una demanda por acoso laboral y por incumplimiento de medidas de seguridad contra el Ayuntamiento y contra el alcalde que está en trámite por el Juzgado de lo Social 1 de Ourense.

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El regidor había abierto expediente de cese contra el interventor el pasado 20 de diciembre por “discrepancias”, así como por “obstrucción”, según anunció él mismo en una sesión plenaria ese mes. A ese expediente presentó alegaciones el funcionario solicitando que finalizase “el acoso” hacia su persona.

Argumentaba que el alcalde trataba de apartarlo de sus funciones y que en varios plenos llegó a acusarlo de “negligente”, de actuar “con mala fe” o de amenazar su gobierno con “una guerra jurídica”, por lo que solicitó la activación del protocolo antiacoso del Ayuntamiento, entre otras denuncias.


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